¿Se puede convertir una catástrofe en oportunidad? 

Por Alexandro Dupuis.

El día de ayer, nuestro amigo y colaborador Vicente Ferreyra, Director de Sustentur www.sustentur.com.mx planteó una pregunta muy interesante en las redes sociales. “¿Cuál debiera ser la solución en el caso de Tajamar? Donde se cuiden los intereses de todos, se respete el medio ambiente, los derechos adquiridos de quienes ya compraron, la legislación y el interés público. Me encantaría leer sus reflexiones al respecto.” Gracias Vicente por que esta pregunta me provocó a escribir inicialmente un párrafo y después a una reflexión más profunda que comparto a continuación.

Me parece que difícilmente, pueden cuidarse los intereses de “todos” en ninguna situación en lo absoluto. Al final, todo es relativo al punto de vista desde dónde se mira.

CANCUN, QUINTANA ROO, 18ENERO2016.- En un comunicado  el Gobernador del Estado Roberto Borge Angulo aseguró que “los trabajos de chapeo y desmonte en el Malecón Tajamar se realizan con apego a la ley”. apuntó que está vigente la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó en 2005 al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) desarrollador del Malecón Tajamar. En la foto vida animal que sobrevive al día de  hoy en la zona devastada, desde ardillas, aves y un cocodrilo y su cría. FOTOS: ELIZABETH RUIZ /CUARTOSCURO.COM

Una vez escuche a alguien decir que todo asentamiento humano y toda propiedad, es el resultado de una usurpación previa, ya sea que las víctimas sean otros organismos u otros seres humanos. En este sentido, nuestro querido e impactante destino turístico y desarrollo urbano de Cancún fue el resultado de una usurpación principalmente de selva baja y manglares cuyos impactos ecológicos difícilmente pueden ser dimensionados, aún que el modelo de desarrollo económico todavía es perseguido como panacea por diversas instituciones a nivel nacional e internacional.

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Para mi el caso, como de costumbre está en el como. En la planeación urbana y la negociación de estos intereses en conflicto deben ser manejados con más inteligencia y responsabilidad.

No conozco todos los detalles (ni siquiera la minoría de ellos) pero muy probablemente podría haberse hecho mejor. Es una lástima que sigamos viendo una y otra vez intervenciones que hacen evidente la prepotencia e irresponsabilidad de intereses privados amparados por las instituciones.

Si la normatividad vigente exigía el comienzo de un desarrollo para no perder los derechos de dichos predios previamente adquiridos, era inminente la intervención de los propietarios de dichos derechos en ese terreno, pues por más responsabilidad ambiental, los compromisos comerciales pueden tener consecuencias jurídicas más funestas para quienes no las cumplen que las ambientales.

Recordemos que el derecho mercantil también permite la acción legal de los inversionistas contra los administradores de un proyecto (Si ese fuera el caso). En fin, por más que estudiaramos el caso habrían intereses y detalles ocultos que difícilmente encontraríamos por más nariz de sabuesos investigadores que hayamos adquirido en años de trabajo, sin importar el sector o profesión que abanderemos.

Entonces regreso al cómo más allá de el qué. El tema es que en el modelo de “Business as usual”, (y recalco para que quede claro, no solo en México) parece que el fin justifica los medios, y si las empresas van a tener un impacto negativo por no hacer las cosas bien, o de plano por hacer cochinadas, no importa tanto si el retorno de la inversión es suficiente.

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En este sentido me parece que la única solución es el aprendizaje para “todos” en varios sentidos: En primer lugar, sería importante que los inversionistas aprendan a ser más responsables en los procesos de desarrollo que promueven, y que en casos futuros similares intervengan paulatinamente el lugar para permitir la migración de las especies y organismos que habitan en el lugar, que aún que podría ser un proceso agresivo seguramente es menos agresivo que la “aniquilación” pasando tractores y rellenando un hábitat de un día para otro.

En segundo lugar, las instituciones deberían aprender a desincentivar la irresponsabilidad ambiental que en muchos casos escudan con la bandera del “desarrollo económico” (que confunden con crecimiento económico que no es lo mismo). No con multas de 4 millones o similares que resultan insignificantes dada la magnitud de los terrenos. Una opción que he reflexionado bastante en este sentido es en inversión social a través de vivienda accesible y remediación ambiental que trascienda el Business as usual. En este nuevo modelo la vivienda social ocuparía un lugar privilegiado dentro del propio desarrollo inmobiliario, no a un par de horas de distancia en un predio que también se deforestaría para tal fin. Existen varios casos por ahí de dónde se podría aprender, en Colombia, Brazil, Canadá, China y Europa en dónde vivienda social se ha insertado con éxito en desarrollos burgueses. Por otro lado, la remediación ambiental no solo debería tratarse de plantar especies de flora en una extensión determinada de terreno, sino promover la conectividad biológica y ambiental de terrenos fragmentados que permitan tanto la revitalización ambiental cómo el disfrute moderado de la actividad humana mientras que se involucran comunidades rurales en el proceso de remediación con procesos de educación ambiental.

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Pensando en un rápido estimado considerando los expertos que deberían involucrarse en este proceso me parece que el costo aproximado de una remediación de esta magnitud sería de al menos unos 20 – 30 millones para la vivienda social y unos 20 – 30 más para la revitalización ambiental de terrenos depredados para un total de unos 60 millones aproximadamente, que por el tamaño del proyecto podrían representan solo una fracción del movimiento financiero que derivará de la explotación comercial de los terrenos de Tajamar.

En tercer lugar un aprendizaje para la sociedad civil, quienes seguimos aprendiendo en este proceso de participación ciudadana en el ámbito público al que en México no estábamos acostumbrados hasta hace algunas décadas, para seguirnos expresando, seguir insistiendo en generar cambios positivos, con vehemencia y exigencia para el sector privado y gubernamental, manteniendo cierta paciencia en nuestras reflexiones y acciones para que estas sean más duraderas y podamos provocar un mayor impacto. Aprender a que más allá de gritar, es importante plantarnos juntos y firmes ante la ignorancia, a través de mecanismos de participación como los foros, las redes y el voto. A exigir, de manera informada y ordenada un cambio de actitud de las instituciones con la incorporación de representantes más educados y responsables.

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Me parece que la sociedad Quintanarroense y Mexicana debemos mantenernos mantener vivo este caso como se ha recordado el de Cabo Pulmo. Que debemos exigir que para que de llevarse a cabo este desarrollo (Cuyo mayor daño ya está hecho) se realice con un enfoque no solo de remediación, sino de revitalización social y ambiental, que sirva como un precedente y un aprendizaje de cómo se deben hacer las cosas. Invito a los inversionistas y las instituciones de este proyecto a realizar un esfuerzo profundo a partir de las reflexiones planteadas anteriormente y con la participación de arquitectos, diseñadores ambientales y organizaciones de la sociedad civil a replantear su proyecto de construcción y comercialización inmobiliaria para que realmente pueda considerarse un proyecto de desarrollo.

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Seguramente habrá mucho más que aprender sobre este caso por lo que los invitamos a comentar aquí mismo y en las redes para seguir reflexionando y proponiendo.